En un escenario caracterizado por el envejecimiento de la población y los retos estructurales en el ámbito laboral, se ha exhortado a España a implementar acciones específicas para garantizar un crecimiento económico duradero. Entre las sugerencias más destacadas, se encuentra la promoción de una política de migración más dinámica y la integración de empleados mayores en el mercado laboral, como tácticas esenciales para mitigar la reducción de la fuerza laboral.
España se enfrenta a un incremento de presión en su economía debido a un cambio demográfico rápido. La tasa de natalidad reducida, junto con un alza en la expectativa de vida, ha causado una disminución en la cantidad de personas en edad laboral, mientras que la proporción de personas mayores sigue en aumento. Esta situación supone un reto directo para la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como para la productividad y competitividad a largo plazo.
En vista de esta situación, se ha indicado que la nación necesita estar lista para enfrentar una «falta estructural de trabajadores», que ya aparece en distintos sectores productivos, como la edificación, la agricultura, los servicios sanitarios y la tecnología. Para reducir este inconveniente, se sugiere simplificar el ingreso de empleados extranjeros capacitados y no capacitados, mediante mecanismos que controlen eficientemente los flujos migratorios y aumenten la integración laboral y social de los nuevos llegados.
La inmigración se percibe no solo como una solución demográfica, sino también como un elemento positivo para el desarrollo económico, la innovación y el equilibrio entre generaciones. Las sugerencias subrayan la importancia de eliminar barreras administrativas que impidan la integración de talento del extranjero, además de fortalecer políticas de capacitación y validación de habilidades para que los inmigrantes puedan acceder de manera rápida a trabajos formales y especializados.
En paralelo, se subraya la importancia de aprovechar mejor el potencial de los trabajadores de mayor edad. Actualmente, la tasa de empleo entre las personas mayores de 55 años en España se sitúa por debajo del promedio de otras economías avanzadas. Se sugiere revisar los incentivos laborales y fiscales que desincentivan la permanencia en el empleo, y fomentar programas de recualificación que permitan a esta población adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas demandas del mercado.
También se aboga por la implementación de políticas activas de empleo dirigidas a mujeres, jóvenes y otros grupos con baja participación laboral, de forma que se amplíe la base de contribuyentes y se reduzca la dependencia del Estado en el futuro. El fortalecimiento del sistema educativo, la formación profesional y la conciliación laboral-familiar son elementos considerados fundamentales para lograr este objetivo.
Otro punto destacado es la importancia de aumentar la productividad laboral, que en España ha tenido un avance moderado en relación con otras economías europeas. Para esto, se sugiere invertir en innovación, digitalización, infraestructura y mejorar el entorno empresarial. El respaldo a las pymes y la disminución de la inestabilidad laboral también se consideran como acciones prioritarias.
Las advertencias llegan en un momento en que el país busca consolidar su recuperación económica tras los efectos de la pandemia, la inflación y las tensiones geopolíticas globales. Si bien se reconocen los avances logrados en términos de empleo en los últimos años, se considera que el entorno demográfico actual exige una visión estratégica de largo plazo que combine reformas estructurales, inversión pública y mayor cohesión social.
El diálogo sobre la manera de garantizar el desarrollo económico en una sociedad que está envejeciendo se vuelve más apremiante. La urgencia de implementar medidas proactivas que fomenten la inmigración controlada, el envejecimiento saludable y la integración laboral de manera amplia se presenta como un plan esencial para que España pueda afrontar exitosamente los retos futuros.