En el marco de las investigaciones sobre el uso de recursos públicos en el Ministerio de Transportes durante la anterior administración, han surgido nuevos detalles que implican a altos funcionarios en prácticas presuntamente irregulares para ampliar su equipo de asesores, sobrepasando los límites establecidos por la normativa vigente. Uno de los elementos más relevantes apunta a que José Blanco, exministro y figura influyente del entorno político, habría sugerido a José Luis Ábalos recurrir a la empresa pública Ineco como vía alternativa para contratar personal adicional.
El sistema se basaba en emplear contratos con esta empresa estatal —vinculada directamente con el Ministerio de Transportes— para añadir colaboradores que, en teoría, no podían integrar la plantilla formal del gabinete ministerial debido a limitaciones legales o de presupuesto. Así, se habría aumentado la cantidad de asesores activos sin que estuvieran registrados oficialmente en la estructura organizativa del ministerio.
Según fuentes del entorno administrativo, esta práctica habría sido implementada bajo el argumento de que era necesaria una mayor capacidad técnica y operativa para enfrentar los desafíos de gestión, pero sin pasar por los procedimientos habituales de autorización. Ineco, empresa especializada en ingeniería y consultoría del transporte, habría sido el vehículo instrumental para solventar esas limitaciones mediante la suscripción de contratos con personal cercano al ministro o recomendado por figuras del partido.
El entramado quedó expuesto en el marco de una revisión interna de los vínculos laborales entre Ineco y diversas áreas del ministerio, que detectó un número anómalo de incorporaciones durante el mandato de Ábalos. Las indagaciones han identificado al menos una decena de contratos con perfiles cuya labor estaba directamente relacionada con funciones de asesoramiento político, en lugar de tareas técnicas, lo que plantea dudas sobre la legalidad de las contrataciones.
La conexión entre Blanco y Ábalos ha sido estrecha en el ámbito político, lo cual ha aumentado el interés por el rol del primero en la estructuración de los equipos del segundo. Aunque no tenía un puesto público durante las recomendaciones, Blanco seguía teniendo influencia en áreas importantes del partido y en el entorno empresarial relacionado con la obra pública.
El uso de empresas públicas como vía paralela para contratar personal ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de organismos de control, que advierten sobre el riesgo de eludir la fiscalización administrativa y los principios de mérito, capacidad y transparencia en la función pública. En este caso, la implicación de altos funcionarios y la utilización de recursos estatales con fines presuntamente partidistas añade una dimensión política al escándalo.
Ante estos descubrimientos, varios sectores del ámbito parlamentario han exigido la presentación de los implicados ante las comisiones de supervisión, con la finalidad de aclarar la magnitud de las acciones señaladas y las eventuales responsabilidades administrativas o penales que puedan surgir.
Por su parte, desde el entorno del exministro Ábalos se ha defendido la legalidad de los procedimientos utilizados, argumentando que todas las contrataciones a través de empresas públicas respetaron la normativa aplicable y respondieron a necesidades técnicas legítimas del ministerio. Sin embargo, las explicaciones no han logrado disipar las sospechas sobre un patrón sistemático de instrumentalización de recursos públicos.
La polémica surge en un contexto donde se discute la reforma de los criterios de contratación en la administración pública, precisamente para evitar que empresas estatales sean utilizadas como atajos para incrementar personal afín al margen del escrutinio institucional. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en todos los niveles del Estado.
Mientras tanto, se espera que las investigaciones avancen con mayor profundidad para determinar si existió una estructura organizada con el objetivo de consolidar poder político mediante prácticas irregulares de contratación. El resultado de estas indagaciones podría tener implicaciones relevantes no solo en el ámbito judicial, sino también en la confianza ciudadana hacia el manejo de las instituciones.