El Ejecutivo español ha realizado otro cambio en la estructura organizativa de la Presidencia, nombrando nuevamente en menos de un año a otra persona para el puesto oficialmente llamado «director del Gabinete del director del Gabinete del presidente del Gobierno». Esta posición, que tiene un nombre complejo y poco claro dentro del esquema administrativo típico, ha sido otorgada en esta ocasión a Jorge Pérez Naharro, quien sustituye a Ana Ruipérez Núñez, nombrada en septiembre del año anterior.
Pérez Naharro es un funcionario con trayectoria en el ámbito institucional. Exconcejal del Partido Socialista en Alcorcón, fue también asesor parlamentario y, hasta ahora, ocupaba el cargo de asesor adjunto dentro del mismo Gabinete de la Presidencia. Su nuevo rol consiste en asistir directamente al director del Gabinete presidencial, Diego Rubio Rodríguez, quien fue designado en julio como responsable de la coordinación general de las políticas del Ejecutivo en su segundo mandato. La función del cargo no es nueva, aunque sí ha sido poco visible y ha generado controversia por su aparente duplicación de responsabilidades.
La posición se presentó inicialmente en el gobierno central bajo la dirección del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, y se mantuvo vigente durante la administración de Mariano Rajoy. Con la asunción de Pedro Sánchez como presidente y la llegada de Iván Redondo como su principal asesor político, el puesto fue eliminado por un tiempo. No obstante, ha sido reinstaurado en esta fase más reciente, reactivado por el equipo actual de la Presidencia.
El cargo tiene como propósito coordinar al conjunto de asesores y responsables técnicos que dependen del Gabinete del Presidente, facilitando el trabajo operativo de planificación, seguimiento y control de las decisiones estratégicas del Gobierno. A pesar de esta justificación administrativa, su existencia ha suscitado múltiples críticas desde la oposición, que lo considera innecesario y parte de una estructura sobredimensionada.
En tiempos recientes, los partidos de la oposición han manifestado dudas sobre el aumento en la cantidad de asesores y altos directivos que forman parte de la estructura de confianza del Gobierno. Diferentes opiniones indican que estos roles responden más a una lógica de lealtad partidaria que a evaluaciones técnicas o de eficiencia. La designación de Pérez Naharro no ha resultado ser una excepción. Desde círculos críticos, se ha visto como una nueva manifestación de «clientelismo institucionalizado», bajo el disfraz de una reorganización operativa.
El Ministerio de la Presidencia ha evitado referirse a las críticas y ha defendido el nombramiento en términos de continuidad y fortalecimiento del equipo técnico de Moncloa. Según fuentes oficiales, la reconfiguración responde a la necesidad de enfrentar desafíos complejos como la digitalización del Estado, la gobernanza multinivel, y la gestión de crisis globales que requieren un gabinete robusto y especializado.
La rotación constante en este puesto —dos reemplazos en menos de doce meses— también ha alimentado el debate sobre la estabilidad interna en el entorno más cercano al presidente del Gobierno. Algunos analistas interpretan los cambios como señales de ajustes internos, producto de tensiones o de diferencias en la orientación política del núcleo asesor. Otros, sin embargo, lo ven como una maniobra administrativa sin mayor trascendencia pública.
Sin lugar a dudas, esta posición intermedia, conocida como el «director del Gabinete del director del Gabinete», se ha transformado en un emblema de la discusión sobre la optimización del sistema gubernamental. Para algunas personas, simboliza un nivel administrativo indispensable para garantizar eficiencia en el complicado mecanismo de decisiones del Gobierno. Para otras, es un indicio de una estructura institucional excesiva y poco clara, que evade la supervisión pública y dispersa la responsabilidad política.
Mientras tanto, la decisión de formalizar este nombramiento en pleno mes de agosto ha generado suspicacias. Agosto es tradicionalmente un mes de baja actividad mediática y parlamentaria, lo que ha llevado a pensar que el anuncio buscaba pasar desapercibido. No obstante, el movimiento ha reavivado la discusión sobre los límites del poder administrativo del Ejecutivo y el uso de los recursos públicos para consolidar estructuras de poder más densas, pero no necesariamente más eficaces.