Italia ha introducido nuevas reformas importantes en los requisitos para obtener la ciudadanía, impactando mayormente a los descendientes de italianos en América Latina. Estos cambios pretenden definir límites más claros en el proceso de naturalización y prevenir potenciales abusos relacionados.
Modificaciones en los requisitos para obtener ciudadanía
Cambios en los criterios de ciudadanía
Efecto en América Latina
Esta modificación afecta significativamente a naciones de América Latina como Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, donde una notable diáspora italiana se asentó entre los siglos XIX y XX. Por ejemplo, en 2024, aproximadamente 30,000 argentinos adquirieron la ciudadanía italiana, destacando el fuerte vínculo entre Italia y América Latina.
Motivación y metas de la modificación
Justificación y objetivos de la reforma
El gobierno italiano justifica estos cambios como una medida para «evitar abusos» y garantizar que la ciudadanía sea un vínculo significativo. Antonio Tajani, Ministro de Relaciones Exteriores, enfatizó que «la ciudadanía debe ser algo serio». Además, las autoridades buscan alinear los criterios italianos con los de otros países europeos y liberar recursos consulares para enfocarse en quienes mantienen vínculos reales con Italia.
Los trámites para el reconocimiento de la ciudadanía serán centralizados en una oficina específica ubicada en Roma, apartándose de las funciones consulares habituales. Se espera que esta oficina comience a funcionar completamente en el plazo de un año, con el propósito de aumentar la eficiencia y disminuir las cargas administrativas en los consulados.
Excepciones y acciones adicionales
Excepciones y medidas complementarias
Aunque las nuevas reglas son más restrictivas, aquellos que hayan iniciado el trámite antes del 27 de marzo de 2025 mantendrán los criterios anteriores. Además, se implementarán medidas para que los italianos residentes en el exterior mantengan vínculos activos con Italia, como participar en procesos electorales, renovar documentos oficiales o registrar nacimientos en el país. De no cumplir con estas acciones cada 25 años, los descendientes podrían perder la posibilidad de solicitar la ciudadanía en el futuro.
