La Diputación de Valencia ha comenzado un proceso administrativo para confirmar la autenticidad de la titulación académica de una funcionaria que ha sido nombrada recientemente para un cargo directivo en la institución. Esta situación ha captado considerable atención pública porque la funcionaria es la esposa del actual comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, lo que ha aumentado el interés político y de los medios en torno al caso.
La designación de la funcionaria, quien tomó a su cargo una posición técnica y estratégica en la diputación, fue respaldada en un principio con la presunción de que cumplía con todos los requisitos demandados por la normativa actual para dichos puestos. No obstante, al descubrirse algunas discrepancias en la documentación presentada, se inició formalmente un expediente para verificar si sus credenciales educativas coinciden verdaderamente con las demandas del puesto.
Fuentes internas aseguran que la revisión no implica una acusación directa ni prejuzga la legalidad del proceso de selección, sino que forma parte de los mecanismos habituales de control que deben activarse ante cualquier duda sobre los requisitos formales en procesos de designación de altos cargos. No obstante, la vinculación familiar con una figura de relevancia nacional ha añadido un matiz político al asunto, que ya comienza a ser aprovechado por la oposición para cuestionar los criterios de selección del actual equipo de gobierno provincial.
El puesto directivo al que accedió la funcionaria exige, según el reglamento interno de la administración provincial, una formación académica específica y acreditada, habitualmente en ramas como ingeniería, arquitectura, derecho o administración pública, así como experiencia comprobada en gestión técnica o institucional. El expediente busca establecer si la titulación presentada corresponde efectivamente a una carrera homologada en el sistema universitario nacional y si se ajusta a las condiciones requeridas.
En simultáneo, varios partidos políticos han exigido la divulgación de un informe exhaustivo sobre el proceso de selección, además de las actas del comité evaluador que apoyó el nombramiento. Algunos representantes han resaltado que este asunto requiere un análisis con absoluta transparencia para prevenir la impresión de favoritismo o nepotismo en la asignación de cargos de alto nivel dentro de las entidades públicas.
Desde la administración de la Diputación se ha señalado que la apertura del expediente no debe interpretarse como una sanción, sino como un procedimiento de verificación objetiva y rutinaria. Se ha recalcado que cualquier persona que acceda a un puesto de responsabilidad debe cumplir estrictamente con los requisitos estipulados y que se actuará con total imparcialidad en la resolución del caso.
En cambio, el representante gubernamental, quien es el marido de la funcionaria, ha preferido no hacer declaraciones públicas respecto al asunto. A pesar de que su nombre no aparece en el expediente ni tiene un lugar en la estructura organizativa de la Diputación, su vínculo familiar ha aumentado el interés en el caso y ha reavivado la discusión sobre la importancia de proteger las instituciones contra posibles conflictos de interés.
Organizaciones ciudadanas y sindicatos han coincidido en la necesidad de reforzar los sistemas de control y transparencia en los procesos de selección de personal en las administraciones públicas. Algunos sectores han pedido incluso una revisión integral de todos los nombramientos recientes para garantizar que se han respetado criterios meritocráticos, alejados de posibles vínculos políticos o personales.
El expediente sigue su curso y se espera que en las próximas semanas se conozca una resolución preliminar. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un nuevo punto de fricción en la política valenciana, en un contexto en el que los partidos ya se preparan para un posible adelanto electoral. En este escenario, cada controversia institucional adquiere una dimensión estratégica que va más allá de los aspectos administrativos.